Bolonia
En junio un grupo de profesores universitarios de Derecho sacaban un Manifiesto que empezaba: “El proceso de reforma de los planes universitarios conocido como proceso de Bolonia puede suponer para los estudios de derecho en nuestro país un paso atrás, seguramente irreversible, que determinará la degradación de las profesiones jurídicas y el empequeñecimiento de la aportación de los juristas a la organización de la convivencia y la estructuración de la sociedad española del siglo XXI. El daño que tal retroceso ocasionará a la construcción de las instituciones y la articulación de las relaciones entre ciudadanos y poderes públicos no puede ser pasado por alto.” Y a continuación pedía que “los estudios jurídicos sean excluidos del proceso de Bolonia y tratados con el rigor que su importancia requiere.”
A mí, este tipo de declaraciones apocalípticas, en las que de seguirse un determinado proceso se corre el riesgo de que se hunda el mundo me suenan de pena. Y no puedo evitar oler el tufillo corporativo del “nosotros somos imprescindibles y esto será una hecatombe por no hacerse como decimos”. Cualquier cambio genera resistencias. Es un axioma. Y en la universidad española las resistencias se dan en los personajes más encumbrados (catedráticos la mayoría), acostumbrados a unas formas semi feudales en sus departamentos.
En muchas de las críticas que se hacen se habla de falta de información, de que no se ha comunicado bien, de que faltan detalles de cómo se aplica a cada tipo de carrera la conversión a Bolonia. Son excusas que ocultan la propia desidia, la falta de profesionalidad de quien las hace.
¡El Plan Bolonia se firmó en 1999! ¡Hace diez años!
Si diez años después de la firma del Plan, de estar los documentos en la web de la UE, de publicarse en diversos medios, en ocasiones para criticarlos, algo lógico y deseable, o para alabarlos, un “profesional” de la enseñanza, al que se le supone el interés, la curiosidad intelectual por su labor docente, no es capaz de enterarse de algo que va cambiar su mundo laboral de arriba a bajo es que no merece dedicarse a la enseñanza y mejor sería que se quedara en su casa.
Y eso, con independencia de que el Plan sea “bueno” o “malo”. Lo mínimo que se le puede pedir a cualquier profesional es que esté al tanto de los cambios que se dan en su campo de trabajo.
Pero claro, cuando lo único que preocupa es el trienio, el escalafón, la enésima publicación sin sentido que se envía a esa revista que sólo lee él y cuatro colegas más, para hacer una línea más en el CV, se obtienen los resultados que se obtienen: un profesorado burocratizado y rutinario.
Ciertamente, el inicio de Bolonia no llega en el mejor momento por la falta de presupuesto. Algo que puede hacer que todo se vaya al garete, al margen de la calidad del Plan, como le ocurrió a la LOGSE. Y para agravarlo, en el caso español, será un proceso que estará en manos de diecisiete Autonomías, cada una con su particular enfoque y uso partidista de la educación para meterle “goles” al Gobierno. Y para ejemplo, el recorte que en Madrid se metió al presupuesto de la universidad en el último trimestre de 2008 con la excusa de que el Gobierno había retrasado o anulado unos pagos que le “debía” a la Comunidad de Madrid.
Pero estas resistencias no son nuevas. Los argumentos que hoy se emplean contra Bolonia son los mismos que se hacían contra anteriores reformas en la universidad: bajada de la calidad, pérdida de profesionalidad, desestructuración social (sic), etc. Y si bien es cierto que hay críticas razonables, otras son malintencionadas, porque lo que no se dice es que las tensiones y los intereses que afloran ahora son los mismos que se daban con anteriores planes de cambio.
Ningún cambio es fácil. Ningún cambio tiene definido al cien por cien de los detalles. Ningún cambio se hace por sí solo. Ningún cambio se da si no se implica uno en él. Y lo que llama la atención es que personas, instituciones que se declaran progresistas y por ende abiertas a la innovación empleen argumentos tan conservadores para oponerse al cambio, sin, a cambio, dar una alternativa que no sea el manido recurso a “abrir un período de estudio”.
Haberlo abierto hace diez años.
La doble vara
Esto de aplicar un criterio para lo propio y otro distinto, más estricto, exigente, para los demás, no es sólo un mal nacional o del PP: también se da fuera.
En Honduras hubo un golpe de Estado porque el presidente Zelaya proponía un referéndum para ver si se podría cambiar la Constitución y permitir la reelección del presidente sin que estuviera limitada a un número determinado de mandatos. Vamos, algo que tenemos en España y a algunos les sienta tan mal cuando lo proponen fuera.
Pues algo idéntico ha propuesto el actual presidente Uribe en Colombia y nadie ha chistado. Pero claro, es que Uribe, antiguo líder de los paramilitares, es gente de orden, de esos que se codea con los que siempre han mandado en Colombia y tan amigos de los USA como de los narcos son.
En esta ocasión nadie ha gritado contra la ingerencia de Chávez. Nadie acusa a Uribe de caudillista, demagogo, antidemocrático ni le amenaza con la sanción internacional por su poco respeto a la Constitución colombiana.
Uribe es la cabeza de puente de los USA en Sudamérica. Pactó con Bush un amplio plan de lucha contra la guerrilla de las FARC y de control del expansionismo de la llamada revolución bolivariana propugnaba Chávez: Colombia primero. A cambio recibió una ayuda militar importantísima que le permitió pagar mejor a sus generales y alejarles un poquito de sus narconegocios y equipar a sus desastradas tropas. Por el contrario, le dio apoyo a Bush en la guerra de Iraq. La consecuencia fue que Uribe consiguió éxitos militares contra las FARC y una cierta estabilidad en zonas que llevaban años sin ser parte real del Estado.
Y como continuación de aquella política de apoyo, hoy los USA van a contar con siete bases militares en Colombia, que les servirán para vigilar o controlar a países tan poco amistosos para ellos como Ecuador, Cuba, Venezuela o Bolivia.
Y favor con favor se paga. Uribe se postula para repetir mandatos indefinidamente y se calla por parte de todos. Zelaya lo hizo y se le depuso. Si Zelaya fuera Uribe, ese golpe de Estado hubiera durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio.
Separación Iglesia Estado
Un caso que explica muy bien esa necesaria separación que debe existir entre el Estado (lo Público) y la Iglesia (lo Religioso) lo ejemplifica hoy la noticia aparecida en El País
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mujeres/detras/elpepusoc/20090828elpepisoc_4/Tes sobre la imposición de grupos ultraortodoxos judíos a las mujeres a vestir de una determinada manera y a sentarse en la parte de atrás de los autobuses, si no quieren ser insultadas o agredidas.
Alguno dirá que eso es en Israel, que el ejemplo no vale para España, que aquí no sucede y se equivocará. Pues Israel es una democracia parlamentaria como la de España y tampoco tiene una confesionalidad en su Constitución y garantiza iguales derechos a todos los ciudadanos con independencia de su religión o grupo étnico. Y sin embargo, la ley otorga trato preferencial en determinados aspectos para aquellos individuos que cumplen los criterios de la Ley del Retorno, que da un trato preferencial a los inmigrantes por el hecho de ser judíos de religión, algo que no sucede con otras confesiones. Aquí también hay un trato de favor a una iglesia por ser la “mayoritaria” en detrimento de otros ciudadanos que no sean de esa iglesia.
Pero no es esto lo que quería comentar en concreto, sólo era un ejemplo. En España también se da la discriminación por motivos religiosos y ésta es consentida por el Estado; bien porque lo tiene interiorizado como un quiste bajo su piel administrativa, bien por la desidia que crea el poso cultural de que éso ya ha existido y no es nuevo, aunque sí discriminatorio para la mujer, como es la segregación en colegios religiosos de niños y niñas. Y esa segregación se da en colegios concertados, no sólo en los exclusivamente privados y es conocida y consentida por el Estado en su nivel autonómico, y en Madrid tenemos varios casos.
Las excusas, que no explicaciones para esta segregación, cuando se les es quiere dar un tinte científico, aluden a diferencias en el tipo y rapidez de aprendizaje de algunas materias por los niños y niñas, estudios muchos de ellos de dudosa validez metodológica, y sin mencionar que esas diferencias por sexo se repiten en los individuos tomados a uno a uno, con independencia del sexo, por lo que de querer ser puristas en la mejora del aprendizaje del/a alumno/a se debería “segregar” por los mejores y los peores en cada edad y materia, con lo que tendríamos la típica clase de “listos” y la de “tontos”, y así tendríamos que un/a estudiante es bueno/a en química y malo en matemáticas, con lo que cambiaría de clase y compañeros según la materia, en una estaría con los avanzados y en otra con los retrasados, y seguro que eso no sería admitido por nadie, ni por la propia organización del colegio, ni por la Consejería, ni por los padres. Entonces, ¿por qué se admite la de niños y niñas?
Pues porque hay un substrato antimujer en la conciencia de la religión, en especial de las monoteístas, que lleva a ver como lógica la separación de los sexos en ciertos ámbitos y para ciertas situaciones. Y esa lógica viciada es compartida culturalmente por muchos ciudadanos, incluidos responsables públicos, que no se extrañan de esas situaciones porque ellos las han vivido en propia carne y no “ven” que hay de malo en ello. Interiorizan un concepto religioso arbitrario y segregacionista como un valor natural, como algo que “es así”, sin posibilidad de discusión. Lo interiorizan como ideología y valor personal. Así que puestos ante la tesitura de que alguien denuncie lo absurdo de esa segregación en los colegios, o en los autobuses, lo miran como a un marciano y no hacen nada al respecto.
Y de poco sirven las leyes para cambiar este criterio, pero menos si además la ley consagra algún tipo de prerrogativa para alguna confesión religiosa. Es cuestión de un proceso de razonamiento y adaptación de muchos microcomportamientos a una situación de respeto a todos: no creyentes y creyentes, a no imponer ninguna forma de actuación basada en criterios morales extralegales.
